Configuración Del Estado Liberal en El Ecuador
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FLACSO
Estudios Políticos
Historia Política de América Latina del Siglo XX
Francisco Puente Izurieta
Ensayo Final de Módulo
El legado político de la Revolución Liberal en el Ecuador
El presente ensayo busca resaltar algunos elementos que determinan el carácter del Estado
ecuatoriano, articulado a partir de la Revolución liberal, y su subsecuente expansión y
consolidación. Para ello intentaremos dar cuenta de los principios o concepciones políticas
que se van incorporando a través de la institucionalidad estatal en relación con campos o
esferas específicas, como respuesta a issues o temas relevantes; mediante los cuales se va
confiriendo estatidad al Estado. Tales temas configuraron un nuevo escenario en el que la
mayoría de la población se iría incorporando como protagonista del que hacer público, en la
medida en que la inserción en el capitalismo global supondría la introducción del Ecuador
en el siglo XX.
El historiador ecuatoriano Enrique Ayala (2002: 203), afirma que en la tradición política
ecuatoriana el término Revolución ha sido adjudicado a cada cambio político en el gobierno
por la vía militar. "No hay, empero, hecho o proceso que merezca más el calificativo, que el
golpe de Estado de 1895 y la etapa que siguió hasta 1912". Como afirmaría Agustín Cueva
(1972: 4), "puede decirse que la revolución del 95, pese a haber sido en esencia una
consolidación política de la burguesía, removió la sociedad toda". Así,
de
acuerdo
con
Oscar Oszlak (1978: 2-3), el Estado ecuatoriano moderno surgiría "más que por el
desarrollo del capitalismo interno, por su sistema de acumulación de excedentes, cuyo
dinamismo, dada su inserción en un mercado capitalista a escala mundial, permitió la
consolidación de una clase dominante y la generación de una fuente relativamente estable
de recursos fiscales". Es a tales exigencias, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, a
las que se alude con la expresión "liberal". En ese sentido, para Oszlak (1978: 3), el Estado
va consolidando una estructura institucional en la medida en que su economía en formación
1
define un ámbito territorial, diferenciando estructuras productivas y homogeneizando
intereses de clase.
Como muestra Ayala (2002: 3), en el siglo XIX se habían operado ya importantes
transformaciones que abrieron el camino de constitución del Estado nacional 1. No obstante,
a fines del siglo, tal movilización encontraba prontamente límites objetivos. Con mercados
muy localizados, población generalmente escasa, rutas intransitables, anarquía monetaria,
inexistencia de un mercado financiero y vastos territorios bajo control indígena o de
caudillos locales, las iniciativas veían comprometidas sus posibilidades de realización.
Resolver estas cuestiones exigía, necesariamente, consolidar el "pacto de dominación" de la
incipiente burguesía y reforzar el precario aparato institucional del Estado nacional ( Oszlak,
1978: 15). El choque entre el proyecto republicano incipientemente capitalista y la inercia
post–colonial produjo sucesivos conflictos y guerras civiles, la última de las cuales, 1859–
1860, estuvo a punto de llevar a la extinción del Ecuador.
De acuerdo con Jorge Núñez (2005: 2), los liberales –mezcla heterogénea de burguesía
comercial, pequeña burguesía intelectual y terratenientes marginales de la Costa– soñaban
en general con un país moderno, abierto al libre tránsito de gentes, ideas y mercancías, y los
más radicales querían un país también más justo, sin esclavos ni trabajadores conciertos, y
un Estado laico, con prensa libre y educación pública gratuita. Los conservadores –grandes
hacendados, profesionales de buena familia, militares de línea, curas, artesanos y
campesinos serranos– querían sobre todo un país estable y pacífico, donde prevalecieran la
paz y el orden al viejo estilo, y donde la Iglesia presidiera la vida social y cultural. "Los
liberales querían democracia, progreso acelerado y apertura al mundo, y los conservadores
ansiaban orden, progreso moderado y afianzamiento de la tradición cultural interna".
No obstante, frente a esta correlación de fuerzas, el radicalismo liberal se lanzó a la
lucha armada contra el régimen terrateniente. Dirigidos por audaces y valerosos líderes,
como Eloy Alfaro y Luis Vargas Torres, organizaron sucesivas campañas guerrilleras e
incursiones armadas contra el poder conservador2 (Núñez, 2005: 6). Cuando el radicalismo
llegó al poder con su propia visión del país y su particular proyecto nacional, era consciente
de que una transformación revolucionaria requería del respaldo de todas las fuerzas
1 Supresión de la esclavitud , del tributo indígena, de las protecturías, llevadas a cabo por el Urvinismo; así
como la obra centralizadora y modernizante del garcianismo (Ayala, 2002: 3).
2
progresistas y democráticas. En ese sentido se desarrolló el Programa de la Reforma
Liberal, de 03 de septiembre de 1895, cuyos objetivos suponían una verdadera
transformación en la concepción misma del Estado, relacionando el orden social y el
progreso económico, dentro de un Estado responsable, promotor económico, y laico
(Núñez, 2005: 8). En base a este programa, durante el primer gobierno de Eloy Alfaro
1897-1901 se sentaron algunas bases para la modernización y desarrollo del Ecuador, hasta
entonces uno de los países más atrasados de América Latina.
Siguiendo a Núñez (2005: 10), los logros importantes del radicalismo en ese primer período
consistieron en: la promulgación de la Ley de Patronato, por la que el Estado se declaraba
patrono de la Iglesia; la supresión definitiva del diezmo; una reforma al Código Penal que
capacitó al poder público para refrenar las incitaciones subversivas que se hacían desde los
púlpitos. Mediante el establecimiento de la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria,
se crearon el Instituto Nacional Mejía, de Quito; las escuelas normales de Quito y
Guayaquil, para la formación de los nuevos maestros laicos; y la Casa de Artes y Oficios,
en Manabí. Hubo también preocupación por profesionalizar al nuevo ejército, en tal sentido
se fundaron en Quito el Colegio Militar, para la formación de oficiales, la Academia de
Guerra, para su posterior perfeccionamiento, y también la Escuela de Clases y los Cursos
Militares de Aplicación, para la formación técnica de la tropa. Además, se establecieron en
la capital una maternidad pública y una primera planta telefónica y eléctrica. (Núñez, 2005:
11).
De tal forma, el radicalismo avanzó hacia un proyecto político rayano en la
socialdemocracia, que contemplaba entre otros puntos los siguientes: la nacionalización de
toda la propiedad agraria en beneficio del pueblo, comenzando por la expropiación de las
tierras sin cultivo; la cooperativización de la producción agrícola; la igualdad de derechos
civiles para la mujer, etc.; afectando de esta manera muchos intereses ya establecidos, pues
no solo se orientaba a destruir políticamente al régimen clerical-conservador sino que
también se enfilaba contra el sistema terrateniente en su conjunto, afectando por igual a los
2 En el seno liberal, el sordo enfrentamiento entre liberales y radicales se mostró abiertamente durante la
“Campaña de Regeneración” contra Veintemilla, para la cual los liberales de Guayaquil proclamaron Jefe
Supremo a Pedro Carbo, mientras los radicales organizaban un gobierno insurgente en Manabí, con Eloy
Alfaro a la cabeza (Núñez, 2005: 6).
3
bienes de la Iglesia y de los hacendados, independientemente de su filiación política
(Núñez, 2005: 12).
El triunfo de Leonidas Plaza en septiembre de 1901, y su posterior acción de
gobierno, distanciado de Alfaro y de los radicales más notorios, y apoyado por el ala
moderada del liberalismo, efectuó una exitosa política de aproximación a los
conservadores, que garantizó a estos la posesión tranquila de sus grandes latifundios y la
continuada explotación de los indios (Núñez, 2005: 13). No obstante, durante su gobierno
se aprobaron y pusieron en ejecución algunas avanzadas medidas anticlericales. Una de
ellas fue la Ley de Matrimonio Civil, expedida el 3 de octubre de 1902; otra fue la Ley de
Cultos, expedida el 12 de octubre de 1904, que permitió el ejercicio de todo culto religioso
que no fuese contrario a las instituciones o a la moral; se prohibió que las autoridades
eclesiásticas ejercieran cargos de elección popular; se prohibió la inmigración y creación de
comunidades religiosas; se sometió a conventos y monasterios al control de las Juntas de
Sanidad e Higiene; se estableció que sólo los ecuatorianos por nacimiento podían ejercer
altas prelaturas eclesiásticas o presidir órdenes religiosas; se fijaron disposiciones de
control estatal sobre los bienes y rentas eclesiásticos; se prohibió el cobro de diezmos,
primicias, derechos mortuorios y otras gabelas religiosas; finalmente, se propuso la
sustitución de las juntas parroquiales, que habían sido tradicionales conductoras, receptoras
y escrutiñadoras del voto, por una vigilancia nacional del proceso electoral, así como la
formación de un sistema de partidos políticos definiéndolos como "órganos de la opinión
pública en lo político” (Núñez, 2005: 13), encargados de ilustrar la opinión del pueblo,
impulsar la actividad social, educar a los hombres públicos, y preparar el éxito del sufragio.
Alfaro, tras la Asamblea Constituyente que lo designaría por segunda ocasión
Presidente de la República, promovió la avanzada Constitución de 1906, en la que se
consagró el verdadero espíritu de la revolución liberal: Separación absoluta del Estado y la
Iglesia y supresión de la religión oficial; libertad de enseñanza y educación pública laica y
gratuita, obligatoria en el nivel primario; absoluta libertad de conciencia y amplias
garantías individuales; protección oficial a la raza india y acción tutelar del Estado “para
impedir los abusos del concertaje” (Núñez 2005: 15). Fundó la Escuela de Bellas Artes, el
Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Naval y la Escuela de Medicina Veterinaria.
Inició las obras de canalización y agua potable de Quito, y las de canalización y
4
saneamiento de Guayaquil. Pero, por sobre todo, se esforzó en la terminación del ferrocarril
Guayaquil-Quito. Finalmente, se destaca en 1908 la expedición de la Ley de Beneficencia,
que reformaba a la Ley de Cultos de 1904 y nacionalizaba los “bienes de manos muertas”.
Decía el artículo 1º: "Decláranse del Estado todos los bienes raíces de las comunidades
religiosas establecidas en la República”. Y el artículo 2º: “Adjudícanse las rentas de los
bienes determinados en el artículo primero a la beneficencia pública” (Núñez 2005: 16).
Del mismo modo, uno de los elementos centrales durante los primeros veinte años
de institucionalización del liberalismo, como lo destaca Valeria Coronel (2009: 4), fueron
las concesiones a los sectores populares vinculados a la Confederación Obrera del Guayas
relacionadas a la protección laboral. Así, "se proclamó la abolición formal del concertaje en
la sierra, y se formuló tan temprano como en 1917 unos principios del derecho laboral
avanzados para la época y que en otras latitudes habían sido alcanzados mediante serios
conflictos sociales, que lograron entre otros la jornada de ocho horas" 3. Del mismo modo,
la insistencia en la educación como el objetivo principal de las asociaciones, insertada tras
la reforma impulsada por el gobierno de Plaza en su segundo gobierno, regresaba sobre un
antiguo tema colonial:
Había que corregir la mentalidad inmediatista de la plebe para dejarlos participar de los
fines trascendentes que suponían la economía y la política moderna. La búsqueda de la
virtud, la educación, el acceso al conocimiento técnico orientado al progreso, la templanza
relacionada con la práctica del ahorro y el fomento de la búsqueda de objetivos personales y
no de compromisos colectivos, permitirían al obrero superar el estigma de su deshonor, y
entrar al círculo optimista del consumidor burgués (Coronel: 2009, 10).
Todas estas transformaciones, en relación con la articulación y función de la
institucionalidad estatal, imprimen a la sociedad en su conjunto un carácter de innovación
política, cuyos elementos sustanciales se mantienen hasta la actualidad. El triunfo de la
gran propiedad después de casi un siglo de tensiones locales por la tierra entre campesinos
y elites criollas vieron surgir en el paisaje nuevos implementos tecnológicos y una estética
modernista que se expresaba en el despliegue de una infraestructura comercial sin
3 Entre los valores que los obreros debían suscribir se encontraba la “voluntad de ilustración”, “el trabajo
orientado al progreso” y la valoración de los beneficios de la civilización moderna a la que podían aspirar a
acceder. El tema de la autonomía relativa entre la sociedad civil y el estado constituía uno de los aspectos
paradójicos de las organizaciones populares del liberalismo. Los estatutos prohibían explícitamente la
vinculación orgánica entre la corporación y el partido liberal, a pesar de la permanente interlocución con éste
Coronel (2005: 7).
5
precedentes, donde telegrafistas, secretarios y empleados del comercio, sujetos urbanos,
trabajadores del servicio en las ciudades, etc., lograban agremiarse y ser reconocidos como
miembros de la civilización moderna. En ese sentido, de acuerdo con Valeria Coronel
(2009: 1), "la narrativa del Estado nación liberal se reconocía como una versión tardía del
jacobinismo, e invitaba a la población a tomar acción en la construcción secular de las
instituciones políticas". En su discurso a la Nación, Eloy Alfaro hablaba de "cómo la
soberanía popular se expresaba en la acción revolucionaria destinada a liberar al pueblo de
formas de autoridad impuestas".
Una incipiente interiorización y paulatina consolidación de elementos de soberanía
popular en relación a la integración nacional, desarrollo y progreso, serán los elementos
fundamentales sobre los que se erigirá una institucionalidad estatal encaminada hacia el
control y dirección económico-productiva; donde los banqueros y grandes comerciantes se
posicionarán más tarde al frente de la conducción política del Ecuador. "El siglo veinte
nacía con esa contradicción: un decidido movimiento revolucionario dispuesto a fortalecer
los poderes públicos en contra de los poderes locales que se habían apropiado de esas
atribuciones, depositando finalmente sus expectativas de duración en la integración del país
al ideal del progreso económico" (Coronel, 2009: 2).
Sin embargo, este progreso económico estaba atado por las particulares condiciones
históricas legadas del siglo XIX, a las decisiones económicas impuestas por las elites
terratenientes, quienes se mostraron dispuestas a la modernización en varios campos, para
lo cual incorporaron el nuevo discurso técnico científico, racionalizaron la contabilidad de
sus empresas y se dispusieron a formar capitales para la inversión y la diversificación
económica.
No obstante, más allá de las implicaciones estructurales que impone la inserción de
la economía ecuatoriana en el capitalismo global, el movimiento liberal veía entre los
elementos cruciales de su programa la constitución de un nuevo concepto de soberanía y el
objetivo de fortalecer el poder público, es decir, de garantizar la continuidad y presencia
nacional del aparato estatal. "El primero de los objetivos mencionados mantuvo su status de
prioritario en los gobiernos de Alfaro y Plaza" (Coronel, 2009: 3).
La voluntad política de los gobiernos liberales por desplazar a la iglesia del control
de la educación y extenderla a un conjunto más amplio de la población, era parte de un
6
intento de formar individuos dentro de un discurso de ciudadanía liberal. Se intentaba crear
las bases sociales que legitimaran una noción de soberanía delegada al estado; así como el
desarrollo y control de los mecanismos de control demográfico. "El ministerio de
instrucción pública y el registro civil apuntaron a sustituir el tradicional predominio de la
iglesia sobre la reproducción social" (Coronel, 2009: 3). El proyecto de educación laica y
desarrollo del derecho civil apuntaban a un objetivo ambicioso: sustituir el esquema
organizativo de la sociedad conservadora. "Se trataba de construir una totalidad social,
todavía en estado abstracto, concebida como una nación fundamentada en un contrato
político, y en el que cada una de las relaciones sociales, se definía como un contrato entre
iguales y garantizado por la mediación del poder estatal" (Coronel, 2009: 3). He ahí el
legado político fundamental del liberalismo.
La sociedad, en su mayoría excluida del acceso a una vida digna, necesitaba el
impulso del Estado para alcanzarla; así, además de facilitar la migración a la costa, el
Estado liberal, de hecho, fue una fuente de empleo, movilizó a la población hacia las obras
públicas mediante una oferta salarial que triplicaba el ingreso de los trabajadores de la
hacienda, e incluso fue una fuente de diversificación laboral, pues formaba cuadros técnicos
en las instituciones de educación pública en las que se preparaban obstetrices, normalistas,
abogados-sociólogos, para luego formar parte de la burocracia ministerial (Coronel, 2009:
4). Otro elemento fundamental de la transformación del empleo dentro del propio aparato
estatal fue el ejército que constituyó no solo un sector militante del liberalismo sino un
lugar de profesionalización-nacionalización de sectores de origen campesino.
La diversificación del empleo urbano, la academia y la burocracia, instituciones
impulsadas a partir de la revolución liberal en la sierra, tienen su contraparte en la costa en
el crecimiento de la clase media entre los asalariados del sector comercial, los sectores
artesanales y los trabajadores ligados al desarrollo de las comunicaciones y del poder
seccional4. La inclusión social y la expansión del Estado a través de ella, fue según la
imagen brindada por la elite terrateniente un escenario donde surgía una capa de “indios en
traje de paño”, una “burocracia chola”, que defendía positivamente por primera vez su
4 Las organizaciones obreras se concebían como lugares para el aprendizaje de una posterior ciudadanía. La
concesión de beneficios sociales apareció como una muestra de la voluntad democrática del partido liberal, en
su experimento regional. La COG es parte de la construcción de la imagen de la filantropía con la que se
identificaban los gobiernos liberales (Coronel, 2009: 9).
7
mestizaje, surgiendo como símbolo de ciudadanía popular (Coronel, 2009: 4)5. Elementos
que definirán, no sin reivindicaciones posteriores, el Ecuador hasta finales del siglo XX e
inicios del XXI.
El proyecto liberal radical, además de afrontar problemas de política interna, a finales de la
década del diez, en el contexto de una depresión económica como efecto de la primera
guerra mundial sobre la economía cacaotera, se vio fracturado por el ascenso de un nuevo
tipo de intereses elitistas que tenían que ver con la banca comercial agrícola y ganadera, a
su vez relacionada con el carácter transnacional del capital financiero y del sistema
comercial; personajes más ligados a un momento político internacional de crisis y a las
características con las que las empresas multinacionales y el capital extranjero la manejaron
(Coronel, 2009: 12). Por su parte, los principios de la década del veinte mostraron el
ascenso de una elite oligárquica basada en intereses financieros que sustituirán el proyecto
de mediación entre el partido liberal y las organizaciones populares; desplazando a sectores
medios, junto con campesinos y trabajadores urbanos, para dar paso a la implantación de un
régimen plutocrático, posible sólo tras la derrota del alfarismo y del ala radical del
liberalismo.
El liberalismo en el poder limitó los recursos legales de control terrateniente sobre
las masas, y si no realizó una reforma agraria, al menos transformó el carácter anacrónico
de las instituciones prevalecientes; realizó importantes reformas burocráticas a fin de
impulsar los derechos de la mayoría de la población a través de la ampliación de un Estado
relativamente incluyente; finalmente, por medio de la legislación y el ejército, así como por
la implantación del laicismo, adoptó una moderna concepción del origen y la
administración del poder político.
El Estado liberal ecuatoriano comenzó a conformarse con el surgimiento de
oportunidades para su incorporación dentro del sistema capitalista mundial y el consecuente
desarrollo de intereses diferenciados e interdependientes generados por tales oportunidades.
5 La Confederación Obrera del Guayas fue un experimento social clave para entender cómo se concibió la
formación de cuadros populares dentro del liberalismo. Desde su fundación por Eloy Alfaro el 31 de
diciembre de 1905, la COG se concibió como una asociación política popular, y no como un gremio en que se
juntaban cuadros de un mismo oficio. En estas asociaciones se cultivó un liberalismo popular a partir del cual
se intentó establecer algunas nociones de equivalencia ciudadana entre sujetos de distinto origen social y
status. Se subrayó, además, el debate y la negociación respecto de condiciones laborales, y espacios de
representación ante la sociedad política (Coronel, 2009: 5).
8
La consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases que controlaba los nuevos
circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la expansión de la economía
exportadora, configuraron las nuevas formas de dominación económica, a cuya sombra se
consolidaban nuevas relaciones sociales; las mismas que requerían políticamente la paralela
constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y
reproducir el nuevo patrón tales relaciones.
El Estado liberal y su consolidación supusieron la imposición de un orden que
implicaba regularizar el funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las transacciones
y regular los comportamientos. El "orden" aparecía entonces, paradójicamente, como una
drástica modificación del marco habitual de relaciones sociales (Ozlak, 1978: 16). No
implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia sino la imposición de uno diferente,
congruente con el desarrollo de una nueva trama de relaciones de producción y de
dominación social; es decir, de concepción y administración del poder. La reiterada y
manifiesta capacidad de ejercer control e imponer mando efectivo y legítimo sobre
territorio y personas, en nombre de un interés soberano republicano, fundado en el nuevo
patrón de relaciones sociales, es lo que definiría justamente el carácter liberal del Estado
ecuatoriano. De acuerdo con Ozlak (1978: 19), seguridad-desarrollo, estabilizaciónnormalización, nuevos rótulos -entre otros tantos- que condensan un mismo y viejo
problema: garantizar y sostener las condiciones de funcionamiento y reproducción del
capitalismo dependiente, a través de su despliegue histórico.
Inserción de la economía en el capitalismo global, incorporación de los sectores
marginales de la sociedad a la ciudadanía, a través de un fuerte impulso identitario,
marcado por el carácter incluyente y soberano sobre el que se asentaba el discurso y
práctica liberal; consolidación y expansión por medio de la institucionalización de servicios
básico; modernización; laicismo, etc. El Estado que empezaría a erigirse a partir de 1895 es
precisamente el resultado de ideas y conflictos que vincularon al Ecuador con nociones
relacionadas con una concepción de humanidad, de vida política, de relaciones económicas,
laborales, etc., que serán el telón de fondo de todo el siglo XX, en el que se asentará el
devenir político, y sobre el cual los gobiernos que se han ido sucediendo no podrán volver
atrás.
9
Bibliografía:
Ayala Mora, Enrique (2002). Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, ed.
Corporación Editora Nacional, 2° edición, Quito.
Coronel, Valeria (2009). “Ciudadanía y emancipación: alianzas, postergaciones y
aspiraciones en torno a la Revolución Liberal. (1895-1922)”, Barriga, Pablo El tiempo de
Alfaro (Quito: Odysea Producciones).
Cueva, Agustín (1972). El proceso de dominación política en el Ecuador, ed. Crítica, Quito.
Núñez, Jorge (2005). Del liberalismo decimonónico a la Revolución Alfarista (inédito)
Oszlak, Oscar (1978). Formación Histórica del Estado en América Latina: elementos
teóricos metodológicos para su estudio (Buenos Aires) Estudios CEDES, Vol. 1, N° 3.
10
Estudios Políticos
Historia Política de América Latina del Siglo XX
Francisco Puente Izurieta
Ensayo Final de Módulo
El legado político de la Revolución Liberal en el Ecuador
El presente ensayo busca resaltar algunos elementos que determinan el carácter del Estado
ecuatoriano, articulado a partir de la Revolución liberal, y su subsecuente expansión y
consolidación. Para ello intentaremos dar cuenta de los principios o concepciones políticas
que se van incorporando a través de la institucionalidad estatal en relación con campos o
esferas específicas, como respuesta a issues o temas relevantes; mediante los cuales se va
confiriendo estatidad al Estado. Tales temas configuraron un nuevo escenario en el que la
mayoría de la población se iría incorporando como protagonista del que hacer público, en la
medida en que la inserción en el capitalismo global supondría la introducción del Ecuador
en el siglo XX.
El historiador ecuatoriano Enrique Ayala (2002: 203), afirma que en la tradición política
ecuatoriana el término Revolución ha sido adjudicado a cada cambio político en el gobierno
por la vía militar. "No hay, empero, hecho o proceso que merezca más el calificativo, que el
golpe de Estado de 1895 y la etapa que siguió hasta 1912". Como afirmaría Agustín Cueva
(1972: 4), "puede decirse que la revolución del 95, pese a haber sido en esencia una
consolidación política de la burguesía, removió la sociedad toda". Así,
de
acuerdo
con
Oscar Oszlak (1978: 2-3), el Estado ecuatoriano moderno surgiría "más que por el
desarrollo del capitalismo interno, por su sistema de acumulación de excedentes, cuyo
dinamismo, dada su inserción en un mercado capitalista a escala mundial, permitió la
consolidación de una clase dominante y la generación de una fuente relativamente estable
de recursos fiscales". Es a tales exigencias, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, a
las que se alude con la expresión "liberal". En ese sentido, para Oszlak (1978: 3), el Estado
va consolidando una estructura institucional en la medida en que su economía en formación
1
define un ámbito territorial, diferenciando estructuras productivas y homogeneizando
intereses de clase.
Como muestra Ayala (2002: 3), en el siglo XIX se habían operado ya importantes
transformaciones que abrieron el camino de constitución del Estado nacional 1. No obstante,
a fines del siglo, tal movilización encontraba prontamente límites objetivos. Con mercados
muy localizados, población generalmente escasa, rutas intransitables, anarquía monetaria,
inexistencia de un mercado financiero y vastos territorios bajo control indígena o de
caudillos locales, las iniciativas veían comprometidas sus posibilidades de realización.
Resolver estas cuestiones exigía, necesariamente, consolidar el "pacto de dominación" de la
incipiente burguesía y reforzar el precario aparato institucional del Estado nacional ( Oszlak,
1978: 15). El choque entre el proyecto republicano incipientemente capitalista y la inercia
post–colonial produjo sucesivos conflictos y guerras civiles, la última de las cuales, 1859–
1860, estuvo a punto de llevar a la extinción del Ecuador.
De acuerdo con Jorge Núñez (2005: 2), los liberales –mezcla heterogénea de burguesía
comercial, pequeña burguesía intelectual y terratenientes marginales de la Costa– soñaban
en general con un país moderno, abierto al libre tránsito de gentes, ideas y mercancías, y los
más radicales querían un país también más justo, sin esclavos ni trabajadores conciertos, y
un Estado laico, con prensa libre y educación pública gratuita. Los conservadores –grandes
hacendados, profesionales de buena familia, militares de línea, curas, artesanos y
campesinos serranos– querían sobre todo un país estable y pacífico, donde prevalecieran la
paz y el orden al viejo estilo, y donde la Iglesia presidiera la vida social y cultural. "Los
liberales querían democracia, progreso acelerado y apertura al mundo, y los conservadores
ansiaban orden, progreso moderado y afianzamiento de la tradición cultural interna".
No obstante, frente a esta correlación de fuerzas, el radicalismo liberal se lanzó a la
lucha armada contra el régimen terrateniente. Dirigidos por audaces y valerosos líderes,
como Eloy Alfaro y Luis Vargas Torres, organizaron sucesivas campañas guerrilleras e
incursiones armadas contra el poder conservador2 (Núñez, 2005: 6). Cuando el radicalismo
llegó al poder con su propia visión del país y su particular proyecto nacional, era consciente
de que una transformación revolucionaria requería del respaldo de todas las fuerzas
1 Supresión de la esclavitud , del tributo indígena, de las protecturías, llevadas a cabo por el Urvinismo; así
como la obra centralizadora y modernizante del garcianismo (Ayala, 2002: 3).
2
progresistas y democráticas. En ese sentido se desarrolló el Programa de la Reforma
Liberal, de 03 de septiembre de 1895, cuyos objetivos suponían una verdadera
transformación en la concepción misma del Estado, relacionando el orden social y el
progreso económico, dentro de un Estado responsable, promotor económico, y laico
(Núñez, 2005: 8). En base a este programa, durante el primer gobierno de Eloy Alfaro
1897-1901 se sentaron algunas bases para la modernización y desarrollo del Ecuador, hasta
entonces uno de los países más atrasados de América Latina.
Siguiendo a Núñez (2005: 10), los logros importantes del radicalismo en ese primer período
consistieron en: la promulgación de la Ley de Patronato, por la que el Estado se declaraba
patrono de la Iglesia; la supresión definitiva del diezmo; una reforma al Código Penal que
capacitó al poder público para refrenar las incitaciones subversivas que se hacían desde los
púlpitos. Mediante el establecimiento de la enseñanza primaria gratuita, laica y obligatoria,
se crearon el Instituto Nacional Mejía, de Quito; las escuelas normales de Quito y
Guayaquil, para la formación de los nuevos maestros laicos; y la Casa de Artes y Oficios,
en Manabí. Hubo también preocupación por profesionalizar al nuevo ejército, en tal sentido
se fundaron en Quito el Colegio Militar, para la formación de oficiales, la Academia de
Guerra, para su posterior perfeccionamiento, y también la Escuela de Clases y los Cursos
Militares de Aplicación, para la formación técnica de la tropa. Además, se establecieron en
la capital una maternidad pública y una primera planta telefónica y eléctrica. (Núñez, 2005:
11).
De tal forma, el radicalismo avanzó hacia un proyecto político rayano en la
socialdemocracia, que contemplaba entre otros puntos los siguientes: la nacionalización de
toda la propiedad agraria en beneficio del pueblo, comenzando por la expropiación de las
tierras sin cultivo; la cooperativización de la producción agrícola; la igualdad de derechos
civiles para la mujer, etc.; afectando de esta manera muchos intereses ya establecidos, pues
no solo se orientaba a destruir políticamente al régimen clerical-conservador sino que
también se enfilaba contra el sistema terrateniente en su conjunto, afectando por igual a los
2 En el seno liberal, el sordo enfrentamiento entre liberales y radicales se mostró abiertamente durante la
“Campaña de Regeneración” contra Veintemilla, para la cual los liberales de Guayaquil proclamaron Jefe
Supremo a Pedro Carbo, mientras los radicales organizaban un gobierno insurgente en Manabí, con Eloy
Alfaro a la cabeza (Núñez, 2005: 6).
3
bienes de la Iglesia y de los hacendados, independientemente de su filiación política
(Núñez, 2005: 12).
El triunfo de Leonidas Plaza en septiembre de 1901, y su posterior acción de
gobierno, distanciado de Alfaro y de los radicales más notorios, y apoyado por el ala
moderada del liberalismo, efectuó una exitosa política de aproximación a los
conservadores, que garantizó a estos la posesión tranquila de sus grandes latifundios y la
continuada explotación de los indios (Núñez, 2005: 13). No obstante, durante su gobierno
se aprobaron y pusieron en ejecución algunas avanzadas medidas anticlericales. Una de
ellas fue la Ley de Matrimonio Civil, expedida el 3 de octubre de 1902; otra fue la Ley de
Cultos, expedida el 12 de octubre de 1904, que permitió el ejercicio de todo culto religioso
que no fuese contrario a las instituciones o a la moral; se prohibió que las autoridades
eclesiásticas ejercieran cargos de elección popular; se prohibió la inmigración y creación de
comunidades religiosas; se sometió a conventos y monasterios al control de las Juntas de
Sanidad e Higiene; se estableció que sólo los ecuatorianos por nacimiento podían ejercer
altas prelaturas eclesiásticas o presidir órdenes religiosas; se fijaron disposiciones de
control estatal sobre los bienes y rentas eclesiásticos; se prohibió el cobro de diezmos,
primicias, derechos mortuorios y otras gabelas religiosas; finalmente, se propuso la
sustitución de las juntas parroquiales, que habían sido tradicionales conductoras, receptoras
y escrutiñadoras del voto, por una vigilancia nacional del proceso electoral, así como la
formación de un sistema de partidos políticos definiéndolos como "órganos de la opinión
pública en lo político” (Núñez, 2005: 13), encargados de ilustrar la opinión del pueblo,
impulsar la actividad social, educar a los hombres públicos, y preparar el éxito del sufragio.
Alfaro, tras la Asamblea Constituyente que lo designaría por segunda ocasión
Presidente de la República, promovió la avanzada Constitución de 1906, en la que se
consagró el verdadero espíritu de la revolución liberal: Separación absoluta del Estado y la
Iglesia y supresión de la religión oficial; libertad de enseñanza y educación pública laica y
gratuita, obligatoria en el nivel primario; absoluta libertad de conciencia y amplias
garantías individuales; protección oficial a la raza india y acción tutelar del Estado “para
impedir los abusos del concertaje” (Núñez 2005: 15). Fundó la Escuela de Bellas Artes, el
Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Naval y la Escuela de Medicina Veterinaria.
Inició las obras de canalización y agua potable de Quito, y las de canalización y
4
saneamiento de Guayaquil. Pero, por sobre todo, se esforzó en la terminación del ferrocarril
Guayaquil-Quito. Finalmente, se destaca en 1908 la expedición de la Ley de Beneficencia,
que reformaba a la Ley de Cultos de 1904 y nacionalizaba los “bienes de manos muertas”.
Decía el artículo 1º: "Decláranse del Estado todos los bienes raíces de las comunidades
religiosas establecidas en la República”. Y el artículo 2º: “Adjudícanse las rentas de los
bienes determinados en el artículo primero a la beneficencia pública” (Núñez 2005: 16).
Del mismo modo, uno de los elementos centrales durante los primeros veinte años
de institucionalización del liberalismo, como lo destaca Valeria Coronel (2009: 4), fueron
las concesiones a los sectores populares vinculados a la Confederación Obrera del Guayas
relacionadas a la protección laboral. Así, "se proclamó la abolición formal del concertaje en
la sierra, y se formuló tan temprano como en 1917 unos principios del derecho laboral
avanzados para la época y que en otras latitudes habían sido alcanzados mediante serios
conflictos sociales, que lograron entre otros la jornada de ocho horas" 3. Del mismo modo,
la insistencia en la educación como el objetivo principal de las asociaciones, insertada tras
la reforma impulsada por el gobierno de Plaza en su segundo gobierno, regresaba sobre un
antiguo tema colonial:
Había que corregir la mentalidad inmediatista de la plebe para dejarlos participar de los
fines trascendentes que suponían la economía y la política moderna. La búsqueda de la
virtud, la educación, el acceso al conocimiento técnico orientado al progreso, la templanza
relacionada con la práctica del ahorro y el fomento de la búsqueda de objetivos personales y
no de compromisos colectivos, permitirían al obrero superar el estigma de su deshonor, y
entrar al círculo optimista del consumidor burgués (Coronel: 2009, 10).
Todas estas transformaciones, en relación con la articulación y función de la
institucionalidad estatal, imprimen a la sociedad en su conjunto un carácter de innovación
política, cuyos elementos sustanciales se mantienen hasta la actualidad. El triunfo de la
gran propiedad después de casi un siglo de tensiones locales por la tierra entre campesinos
y elites criollas vieron surgir en el paisaje nuevos implementos tecnológicos y una estética
modernista que se expresaba en el despliegue de una infraestructura comercial sin
3 Entre los valores que los obreros debían suscribir se encontraba la “voluntad de ilustración”, “el trabajo
orientado al progreso” y la valoración de los beneficios de la civilización moderna a la que podían aspirar a
acceder. El tema de la autonomía relativa entre la sociedad civil y el estado constituía uno de los aspectos
paradójicos de las organizaciones populares del liberalismo. Los estatutos prohibían explícitamente la
vinculación orgánica entre la corporación y el partido liberal, a pesar de la permanente interlocución con éste
Coronel (2005: 7).
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precedentes, donde telegrafistas, secretarios y empleados del comercio, sujetos urbanos,
trabajadores del servicio en las ciudades, etc., lograban agremiarse y ser reconocidos como
miembros de la civilización moderna. En ese sentido, de acuerdo con Valeria Coronel
(2009: 1), "la narrativa del Estado nación liberal se reconocía como una versión tardía del
jacobinismo, e invitaba a la población a tomar acción en la construcción secular de las
instituciones políticas". En su discurso a la Nación, Eloy Alfaro hablaba de "cómo la
soberanía popular se expresaba en la acción revolucionaria destinada a liberar al pueblo de
formas de autoridad impuestas".
Una incipiente interiorización y paulatina consolidación de elementos de soberanía
popular en relación a la integración nacional, desarrollo y progreso, serán los elementos
fundamentales sobre los que se erigirá una institucionalidad estatal encaminada hacia el
control y dirección económico-productiva; donde los banqueros y grandes comerciantes se
posicionarán más tarde al frente de la conducción política del Ecuador. "El siglo veinte
nacía con esa contradicción: un decidido movimiento revolucionario dispuesto a fortalecer
los poderes públicos en contra de los poderes locales que se habían apropiado de esas
atribuciones, depositando finalmente sus expectativas de duración en la integración del país
al ideal del progreso económico" (Coronel, 2009: 2).
Sin embargo, este progreso económico estaba atado por las particulares condiciones
históricas legadas del siglo XIX, a las decisiones económicas impuestas por las elites
terratenientes, quienes se mostraron dispuestas a la modernización en varios campos, para
lo cual incorporaron el nuevo discurso técnico científico, racionalizaron la contabilidad de
sus empresas y se dispusieron a formar capitales para la inversión y la diversificación
económica.
No obstante, más allá de las implicaciones estructurales que impone la inserción de
la economía ecuatoriana en el capitalismo global, el movimiento liberal veía entre los
elementos cruciales de su programa la constitución de un nuevo concepto de soberanía y el
objetivo de fortalecer el poder público, es decir, de garantizar la continuidad y presencia
nacional del aparato estatal. "El primero de los objetivos mencionados mantuvo su status de
prioritario en los gobiernos de Alfaro y Plaza" (Coronel, 2009: 3).
La voluntad política de los gobiernos liberales por desplazar a la iglesia del control
de la educación y extenderla a un conjunto más amplio de la población, era parte de un
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intento de formar individuos dentro de un discurso de ciudadanía liberal. Se intentaba crear
las bases sociales que legitimaran una noción de soberanía delegada al estado; así como el
desarrollo y control de los mecanismos de control demográfico. "El ministerio de
instrucción pública y el registro civil apuntaron a sustituir el tradicional predominio de la
iglesia sobre la reproducción social" (Coronel, 2009: 3). El proyecto de educación laica y
desarrollo del derecho civil apuntaban a un objetivo ambicioso: sustituir el esquema
organizativo de la sociedad conservadora. "Se trataba de construir una totalidad social,
todavía en estado abstracto, concebida como una nación fundamentada en un contrato
político, y en el que cada una de las relaciones sociales, se definía como un contrato entre
iguales y garantizado por la mediación del poder estatal" (Coronel, 2009: 3). He ahí el
legado político fundamental del liberalismo.
La sociedad, en su mayoría excluida del acceso a una vida digna, necesitaba el
impulso del Estado para alcanzarla; así, además de facilitar la migración a la costa, el
Estado liberal, de hecho, fue una fuente de empleo, movilizó a la población hacia las obras
públicas mediante una oferta salarial que triplicaba el ingreso de los trabajadores de la
hacienda, e incluso fue una fuente de diversificación laboral, pues formaba cuadros técnicos
en las instituciones de educación pública en las que se preparaban obstetrices, normalistas,
abogados-sociólogos, para luego formar parte de la burocracia ministerial (Coronel, 2009:
4). Otro elemento fundamental de la transformación del empleo dentro del propio aparato
estatal fue el ejército que constituyó no solo un sector militante del liberalismo sino un
lugar de profesionalización-nacionalización de sectores de origen campesino.
La diversificación del empleo urbano, la academia y la burocracia, instituciones
impulsadas a partir de la revolución liberal en la sierra, tienen su contraparte en la costa en
el crecimiento de la clase media entre los asalariados del sector comercial, los sectores
artesanales y los trabajadores ligados al desarrollo de las comunicaciones y del poder
seccional4. La inclusión social y la expansión del Estado a través de ella, fue según la
imagen brindada por la elite terrateniente un escenario donde surgía una capa de “indios en
traje de paño”, una “burocracia chola”, que defendía positivamente por primera vez su
4 Las organizaciones obreras se concebían como lugares para el aprendizaje de una posterior ciudadanía. La
concesión de beneficios sociales apareció como una muestra de la voluntad democrática del partido liberal, en
su experimento regional. La COG es parte de la construcción de la imagen de la filantropía con la que se
identificaban los gobiernos liberales (Coronel, 2009: 9).
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mestizaje, surgiendo como símbolo de ciudadanía popular (Coronel, 2009: 4)5. Elementos
que definirán, no sin reivindicaciones posteriores, el Ecuador hasta finales del siglo XX e
inicios del XXI.
El proyecto liberal radical, además de afrontar problemas de política interna, a finales de la
década del diez, en el contexto de una depresión económica como efecto de la primera
guerra mundial sobre la economía cacaotera, se vio fracturado por el ascenso de un nuevo
tipo de intereses elitistas que tenían que ver con la banca comercial agrícola y ganadera, a
su vez relacionada con el carácter transnacional del capital financiero y del sistema
comercial; personajes más ligados a un momento político internacional de crisis y a las
características con las que las empresas multinacionales y el capital extranjero la manejaron
(Coronel, 2009: 12). Por su parte, los principios de la década del veinte mostraron el
ascenso de una elite oligárquica basada en intereses financieros que sustituirán el proyecto
de mediación entre el partido liberal y las organizaciones populares; desplazando a sectores
medios, junto con campesinos y trabajadores urbanos, para dar paso a la implantación de un
régimen plutocrático, posible sólo tras la derrota del alfarismo y del ala radical del
liberalismo.
El liberalismo en el poder limitó los recursos legales de control terrateniente sobre
las masas, y si no realizó una reforma agraria, al menos transformó el carácter anacrónico
de las instituciones prevalecientes; realizó importantes reformas burocráticas a fin de
impulsar los derechos de la mayoría de la población a través de la ampliación de un Estado
relativamente incluyente; finalmente, por medio de la legislación y el ejército, así como por
la implantación del laicismo, adoptó una moderna concepción del origen y la
administración del poder político.
El Estado liberal ecuatoriano comenzó a conformarse con el surgimiento de
oportunidades para su incorporación dentro del sistema capitalista mundial y el consecuente
desarrollo de intereses diferenciados e interdependientes generados por tales oportunidades.
5 La Confederación Obrera del Guayas fue un experimento social clave para entender cómo se concibió la
formación de cuadros populares dentro del liberalismo. Desde su fundación por Eloy Alfaro el 31 de
diciembre de 1905, la COG se concibió como una asociación política popular, y no como un gremio en que se
juntaban cuadros de un mismo oficio. En estas asociaciones se cultivó un liberalismo popular a partir del cual
se intentó establecer algunas nociones de equivalencia ciudadana entre sujetos de distinto origen social y
status. Se subrayó, además, el debate y la negociación respecto de condiciones laborales, y espacios de
representación ante la sociedad política (Coronel, 2009: 5).
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La consolidación del poder de aquella clase o alianza de clases que controlaba los nuevos
circuitos de producción y circulación de bienes en que se basó la expansión de la economía
exportadora, configuraron las nuevas formas de dominación económica, a cuya sombra se
consolidaban nuevas relaciones sociales; las mismas que requerían políticamente la paralela
constitución y control de un sistema de dominación capaz de articular, expandir y
reproducir el nuevo patrón tales relaciones.
El Estado liberal y su consolidación supusieron la imposición de un orden que
implicaba regularizar el funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las transacciones
y regular los comportamientos. El "orden" aparecía entonces, paradójicamente, como una
drástica modificación del marco habitual de relaciones sociales (Ozlak, 1978: 16). No
implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia sino la imposición de uno diferente,
congruente con el desarrollo de una nueva trama de relaciones de producción y de
dominación social; es decir, de concepción y administración del poder. La reiterada y
manifiesta capacidad de ejercer control e imponer mando efectivo y legítimo sobre
territorio y personas, en nombre de un interés soberano republicano, fundado en el nuevo
patrón de relaciones sociales, es lo que definiría justamente el carácter liberal del Estado
ecuatoriano. De acuerdo con Ozlak (1978: 19), seguridad-desarrollo, estabilizaciónnormalización, nuevos rótulos -entre otros tantos- que condensan un mismo y viejo
problema: garantizar y sostener las condiciones de funcionamiento y reproducción del
capitalismo dependiente, a través de su despliegue histórico.
Inserción de la economía en el capitalismo global, incorporación de los sectores
marginales de la sociedad a la ciudadanía, a través de un fuerte impulso identitario,
marcado por el carácter incluyente y soberano sobre el que se asentaba el discurso y
práctica liberal; consolidación y expansión por medio de la institucionalización de servicios
básico; modernización; laicismo, etc. El Estado que empezaría a erigirse a partir de 1895 es
precisamente el resultado de ideas y conflictos que vincularon al Ecuador con nociones
relacionadas con una concepción de humanidad, de vida política, de relaciones económicas,
laborales, etc., que serán el telón de fondo de todo el siglo XX, en el que se asentará el
devenir político, y sobre el cual los gobiernos que se han ido sucediendo no podrán volver
atrás.
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Bibliografía:
Ayala Mora, Enrique (2002). Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana, ed.
Corporación Editora Nacional, 2° edición, Quito.
Coronel, Valeria (2009). “Ciudadanía y emancipación: alianzas, postergaciones y
aspiraciones en torno a la Revolución Liberal. (1895-1922)”, Barriga, Pablo El tiempo de
Alfaro (Quito: Odysea Producciones).
Cueva, Agustín (1972). El proceso de dominación política en el Ecuador, ed. Crítica, Quito.
Núñez, Jorge (2005). Del liberalismo decimonónico a la Revolución Alfarista (inédito)
Oszlak, Oscar (1978). Formación Histórica del Estado en América Latina: elementos
teóricos metodológicos para su estudio (Buenos Aires) Estudios CEDES, Vol. 1, N° 3.
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